Marco jurídico de la figura del Coordinador de Parentalidad

26/02/2019

detectius privats

La figura del coordinador de parentalidad se ha ido incorporando progresivamente en los procedimientos de familia como una herramienta destinada a mejorar la gestión de los conflictos entre progenitores, especialmente en aquellos casos en los que existe una elevada conflictividad que afecta al bienestar de los menores.

Su intervención tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, mejorar la comunicación entre los progenitores y garantizar que las decisiones relacionadas con los hijos se adopten siempre atendiendo al interés superior del menor.

Para comprender el encaje jurídico de esta figura es necesario analizar el marco normativo existente en diferentes niveles: supraestatal, estatal y autonómico.

1. Marco jurídico supraestatal

Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 3.1 y 4)

Artículo 3.1

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño”.

Artículo 4

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”.

Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño (1996)

Artículo 6. Proceso de decisión

“En los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad judicial deberá, antes de adoptar una decisión:

a) Examinar si dispone de información suficiente para adoptar una decisión en el interés superior del menor y, en su caso, obtener información adicional, especialmente de los titulares de la responsabilidad parental”.

Reglamento Europeo 2201/2003

Reglamento del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980

Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996

Convenio relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los menores.

2. Marco jurídico español

Constitución Española

Artículo 39

“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

Asimismo, garantizan la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, así como la protección de las madres, cualquiera que sea su estado civil.

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

Artículo 118

“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor

Esta norma introduce, entre otros, el artículo 158 del Código Civil, que faculta al juez para adoptar medidas destinadas a proteger al menor.

Artículo 158 del Código Civil

“El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, podrá adoptar las medidas necesarias para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios”.

Entre ellas destacan:

medidas para asegurar la prestación de alimentos
disposiciones para evitar perturbaciones en caso de cambio de guarda
cualquier otra medida necesaria para proteger al menor

Estas medidas pueden adoptarse dentro de cualquier procedimiento civil o penal o en procedimientos de jurisdicción voluntaria.

3. Marco jurídico autonómico

Estatuto de Autonomía de Cataluña

Artículo 17. Derechos de los menores

“Los menores tienen derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social”.

Código Civil de Cataluña

Artículo 211-6. Interés superior del menor

“El interés superior del menor es el principio inspirador de cualquier decisión que le afecte”.

Asimismo, el menor tiene derecho a ser escuchado antes de que se adopten decisiones que afecten a su esfera personal o patrimonial, especialmente cuando haya cumplido doce años.

Artículo 233-13. Supervisión de las relaciones personales

La autoridad judicial puede adoptar medidas para garantizar que las relaciones personales del menor con el progenitor que no ejerce la guarda se desarrollen en condiciones que aseguren su seguridad y estabilidad emocional.

Cuando exista una situación de riesgo o conflicto, la supervisión puede confiarse a los servicios sociales o a un punto de encuentro familiar.

Artículo 236-3. Intervención judicial

La autoridad judicial puede adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicios personales o patrimoniales a los menores, incluso limitando facultades parentales o estableciendo mecanismos de supervisión.

Disposición adicional séptima

Esta disposición regula la supervisión del régimen de relaciones personales a través de la red de servicios sociales o mediante los puntos de encuentro familiar.

Entre otras funciones, estos servicios deben:

supervisar las visitas
facilitar la relación entre progenitores e hijos
emitir informes periódicos al juzgado
proponer modificaciones de las medidas cuando sea necesario

Ley 12/2007 de Servicios Sociales de Cataluña

Esta ley establece el marco de actuación de los servicios sociales, que pueden intervenir en situaciones de conflicto familiar para proteger el bienestar del menor.

Código Foral de Aragón

Artículo 10. Intervención judicial

El juez podrá adoptar las medidas necesarias para proteger al menor, incluyendo aquellas destinadas a evitar su sustracción o cualquier situación de riesgo.

Ley 14/2010 de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia

Esta norma refuerza la protección de los menores y reconoce, entre otros aspectos:

Artículo 38. Derechos de relación y convivencia

Los menores tienen derecho a convivir con sus progenitores y a mantener relaciones con otros familiares próximos, especialmente los abuelos.

Artículo 39. Mediación familiar

Las administraciones públicas deben promover mecanismos de mediación familiar para resolver conflictos que afecten a menores.

Artículo 81. Protección frente al maltrato

Los poderes públicos deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los menores frente a cualquier forma de violencia física, psíquica o sexual.

Artículo 116. Régimen de relación y visitas

Las administraciones deben garantizar que el régimen de visitas se desarrolle en condiciones adecuadas para el bienestar del menor.

Conclusión

El coordinador de parentalidad se integra dentro de un amplio marco jurídico que tiene como eje central la protección del interés superior del menor.

Las diferentes normas internacionales, estatales y autonómicas establecen mecanismos destinados a garantizar que las decisiones adoptadas en los procedimientos de familia tengan siempre en cuenta el bienestar de los hijos.

En este contexto, la figura del coordinador de parentalidad puede convertirse en una herramienta útil para facilitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, reducir el nivel de conflictividad entre progenitores y asegurar que las medidas adoptadas respondan al interés del menor.